Lo primero es definir la Democracia:
El vocablo democracia proviene del griego: δημοκρατία, a su vez derivada de demos y kretos. La primera palabra puede traducirse por Pueblo, mientras que la segunda se traduciría como Poder. Por tanto podemos decir que la democracia se refiere al poder del pueblo.
Si bien es cierto que solemos identificar a la Grecia clásica como la cuna de la democracia, el sentido moderno de la misma, en tanto que garantía de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos, nace de las reformas parlamentarias de la Inglaterra del s.XVII y, sobretodo, de las reformas introducidas a tenor de la comúnmente llamada Revolución Francesa. Es en dichos momentos en los que se gestan los primeros embriones de lo que en los s.XIX y XX se afianzarian como democracias modernas.
Pero, ¿hay un sólo tipo de democracia?
Pues en realidad no. Además de existir variaciones en su aplicación (que pueden girar en uno o más sentidos) hay democracias que se han mantenido en el espacio teórico y sin aplicarse, como el anarquismo, el socialismo o el comunismo. Aunque la principal distinción que podemos encontrar está en la ubicación última de la toma de decisiones pudiéndonos encontrar con democracia directa y con democracia indirecta o representativa.
Y, ¿en cual estamos? porque votar, yo voto.
Efectivamente, votar, votamos, o al menos una mayoría lo hace asiduamente. Elegimos a unos representantes en diferentes cámaras o estamentos (congreso, senado, ayuntamientos...) que se encargan de todo mientras dure la legislatura correspondiente. Por tanto estamos en una democracia representativa, algo natural si deseamos mantener la democracia moderna como sistema de organización política ya que la población es, quizá, un pelín numerosa como para montar una única asamblea que funcione medianamente bien a nivel estatal.
Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema no debería ser ninguno, sobretodo si se observara una tercera vía de forma responsable, esto es: democracia semidirecta o participativa, al menos en los casos importantes y trascendentes o, al menos, en aquellos casos en los que la realidad supera o impone decisiones no contempladas, o contrarias, en los programas electorales que propuso quien ostente la presidencia electa.
Porque parece que aquí está el meollo de la situación. Hemos aceptado que, como dijo Churchill, la democracia es el sistema menos malo de gobierno, pero parece que, por ignorancia o a sabiendas, determinados sectores políticos actuales recuerdan con cariño y nostalgia aquellos despotismos ilustrados que con su Todo por el pueblo pero sin el pueblo, hacían y deshacían sin dar explicaciones ni preguntar si se puede.
Según el sistema actual un partido presenta a las elecciones una lista de candidatos, con ella otra lista, esta vez con sus propuestas, el consabido programa electoral. En múltiples ocasiones, los candidatos, o al menos los que ocupan los primeros puestos de la lista, nos informan, entre insultos y descalificaciones del contrario, de lo que quieren hacer cuando alcancen el poder. En base a la información facilitada, el vulgo elige a sus representantes para que ellos elijan (democracia representativa) a quien será el presidente que se encargará de formar un gobierno (ministros o concejales) y aplicar las políticas anunciadas durante la campaña. Se sobreentiende, claro, que existe un acuerdo tácito entre electores y elegidos mediante el cual el cargo electo se obliga a cumplir con lo prometido con toda su capacidad y voluntad. Hasta aquí bien.
Pero, ¿qué pasa si la actualidad impone una toma de decisiones no contemplada en el tan traído y llevado programa electoral? ¿O si una situación límite impone actuar de forma contraria a la defendida préviamente? El sentido común indicaría que quien ostenta el poder no está moralmente legitimado a tomar tales decisiones y que toda actuación pasaría por preguntar de nuevo a la villanía cual es el sentido de su opinión. Tal encuesta puede tomar la forma de referendo o plebiscito, siempre según la talla de la consulta presentada. Legalmente el presidente puede y debe tomar las decisiones libremente pero, ¿está legitimado realmente?
Deberíamos responder que no, aunque la ley lo asista. La cuestión a considerar entonces es otra ¿cometen estafa los que, habiendo presentado un programa electoral apliquen otro? Para ello nos referimos al artículo 248 del código penal:
¿ENTONCES POR QUÉ NO PASA?
Los votos de castigo se aplican con tibieza y nunca más allá de unos comicios electorales. Existe el derecho de enmienda, claro, pero si tras nueve contiendas electorales en democracia "plena" la alternancia en el poder sólo ha confirmado que los dos grandes partidos engañan e incumplen su programa electoral, en muchos casos parece probado que concurren con agendas ocultas y donde dije digo digo Diego según pasan de oposición a gobierno y viceversa, ¿por qué no hay una respuesta ciudadana contundente? ¿Por qué no se materializan multitud depeticiones exigencias por una democracia plenamente participativa? ¿Por qué movimientos como el 15M se diluyen en el tiempo sin obtener resultados? ¿Tan inamovible es el sistema? ¿Tanto es el aborregamiento general?
¿Por qué hay tanto miedo a consultar al pueblo lo que quiere hacer con su futuro? Fácil:
Deberíamos responder que no, aunque la ley lo asista. La cuestión a considerar entonces es otra ¿cometen estafa los que, habiendo presentado un programa electoral apliquen otro? Para ello nos referimos al artículo 248 del código penal:
Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.Entonces si no hay ánimo de lucro no hay estafa, no, pero sí engaño. El código penal no observa el engaño como delito, pero sí el civil equiparándolo al dolo. Así el dolo, entre otras definiciones, se da cuando la voluntad expresada no concuerda con la voluntad interna con el fin de apropiarse indebidamente de algo. Curiosa definición que tampoco ayuda puesto que al no expresarse la voluntad interna esta puede ser considerada nula. Pero el programa electoral sí se hace público podríamos decir, correcto, pero no es más que una declaración de intenciones que no justifica una desconfianza de la voluntad inicial respecto a los actos ejecutados.
Y esto ¿dónde nos deja?
Pues en ningún sitio. Claro queda que no se pueden pedir responsabilidades penales o civiles del incumplimiento del programa por lo que ¿qué nos queda? Pues el derecho a la pataleta y a la rabieta. Manifestación si procede y, en el siguiente proceso electoral, voto de castigo. Vale, está claro, ¿no?¿ENTONCES POR QUÉ NO PASA?
Los votos de castigo se aplican con tibieza y nunca más allá de unos comicios electorales. Existe el derecho de enmienda, claro, pero si tras nueve contiendas electorales en democracia "plena" la alternancia en el poder sólo ha confirmado que los dos grandes partidos engañan e incumplen su programa electoral, en muchos casos parece probado que concurren con agendas ocultas y donde dije digo digo Diego según pasan de oposición a gobierno y viceversa, ¿por qué no hay una respuesta ciudadana contundente? ¿Por qué no se materializan multitud de
¿Por qué hay tanto miedo a consultar al pueblo lo que quiere hacer con su futuro? Fácil:
- el pueblo es bobo y manipulable, le basta con fútbol y prensa amarilla para subsistir
- el pueblo es bobo y no sabe lo que quiere y se corre el peligro de que elija lo que no le conviene
- el pueblo es menos tonto de lo que parece y puede elegir lo que a cierta oligarquía no le conviene
- ¿el pueblo? pero si ya van a votar cuando toca, ¿no?
Elíjase la respuesta que a uno le parezca más acertada, más de una si se considera, todas las combinaciones son posibles.
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